domingo, 26 de octubre de 2008

EL BÁLSAMO DE LA MEMORIA



La noticia de que el juez Garzón se declarara competente para juzgar los crímenes del franquismo ha levantado una polvareda inexplicable en un país que, tras 30 años de democracia sigue teniendo a miles de ciudadanos asesinados por la dictadura, olvidados, en cientos, tal vez miles, de fosas comunes repartidas por todo el país.


Las descalificaciones vertidas sobre el juez, similares a las que escuchamos cuando procesó a Pinochet son poco de recibo, sobre todo cuando vienen dirigidas desde la clase política que tenía que haber resulto hace años el problema de los enterramientos ilegales, debería haber restituido el buen nombre de las víctimas, anulando una sentencias kafkianas, y debería haber dejado claro el carácter genocida del régimen de Franco.


No sabemos exactamente cual será el resultado final de la iniciativa de Garzón. Parece que la cúpula judicial está ansiosa por apoyar las tesis del fiscal -que, en esta ocasión, parece haberse olvidado de las víctimas- y tumbar la iniciativa judicial. Sin embargo, la simple lectura de los fundamentos jurídicos Segundo y Tercero del Auto en el que Garzón se declara competente, ha actuado como un bálsamo para los familiares de las víctimas que, por fin, ven que uno de los poderes del Estado, el judicial, reconoce sin tapujos que “los rebeldes pretendieron alzarse contra el Gobierno legítimo y exterminar a los opositores, en forma sistemática”.


Es posible que la Audiencia Nacional resuelva contra Garzón y contra las víctimas, pero esperamos que la lectura de esos dos fundamentos jurídicos, remueva la conciencia (si es que les queda) de los políticos y asuman sus responsabilidades. De lo contrario…, siempre nos quedará Estrasburgo y la vergüenza de no haber sido capaces de hacer lo que ya han hecho Alemania, Italia, Chile o Argentina.


Enlace con el auto completo del juez Garzón

Las sombras de la memoria


Para abrir mi blog me gustaria compartir con todos vosotros este artículo, escrito por un compañero y recientemente publicado en la revista Rojo y Negro del Sindicato C.G.T.


A dónde van los desaparecidos

busca en el agua y en los matorrales

y por qué es que se desaparecen

por qué no todos somos iguales

y cuándo vuelve el desaparecido

cada vez que lo trae el pensamiento

cómo se le habla al desaparecido

con la emoción apretando por dentro
Rubén Blades, “Desapariciones”



LAS SOMBRAS DE LA HISTORIA

La redacción final de la Ley de Memoria Histórica ha frustrado muchas expectativas y esperanzas que se habían abierto con el compromiso público del Presidente del Gobierno de presentar una ley que sirviera para dignificar la memoria de los perdedores, para recuperar los cuerpos de los que fueron enterrados en cunetas y fosas comunes y para tener un conocimiento lo más exacto posible de todo lo acontecido durante la II República, la Guerra Civil, el Franquismo y la Transición.
Según el texto aprobado, la responsabilidad de las exhumaciones, como la de la solicitud de anulación de las condenas se hace recaer en los familias y en las asociaciones de familiares, eludiendo el Estado sus responsabilidades.
En el caso de las exhumaciones el redactado de la ley es un claro ejemplo de cinismo político. Aseguran que tratan de ayudar a las familias y lo que realmente hacen es escurrir el bulto y hacer recaer en los ciudadanos unas responsabilidades que le corresponden a la Administración.
El mismo diario “El País”, el más afín al Gobierno entre los periódicos nacionales, editorializaba sobre el asunto en su edición del pasado domingo 14 de septiembre. “Hace tiempo que este segundo problema (la existencia de decenas de enterramientos clandestinos) debería estar resuelto, y no a instancias de la Audiencia Nacional ni tampoco de las asociaciones de la memoria histórica. Tendría que ser la Administración la que tomara la iniciativa bajo el impulso de la normativa existente sobre la sepultura de cadáveres. Resulta inexplicable que el Estado conozca la existencia de enterramientos clandestinos y se inhiba o, peor aún, abdique de sus obligaciones a favor de las asociaciones”.
El Franquismo realizó las exhumaciones de los muertos en zona republicana mientras continuaba asesinando a los que hoy en día siguen en fosas y cunetas. Para ello y para escribir su versión de la historia movilizó todos los resortes del Estado. Hoy en día, el Estado que se reivindica democrático se desentiende de los que murieron defendiendo la legalidad frente a los golpistas. Delega en los familiares de las víctimas los trabajos de investigación y exhumación, en lugar de tomar la iniciativa para conocer todos los lugares de enterramiento, el mayor número posible de nombres y las circunstancias en las que se produjeron los fusilamientos o las desapariciones.
En sus manos están todos los resortes, tanto la capacidad legislativa, como los fondos documentales de los archivos y el impulso de la investigación histórica sobre la Historia de la Guerra y la Dictadura.
La exhumación de las fosas, en función de la experiencia acumulada, sirve, además de para dar satisfacción a los familiares, para conocer las circunstancias de los asesinatos e incluso para conocer el destino de los huérfanos que fallecían por enfermedad. En las fosas comunes del Cementerio de San Rafael de Málaga se han encontrado restos infantiles entre esqueletos de adultos.
Con ser importante estas actuaciones, nunca nos llegarán a dar una imagen real del volumen de la represión. Los fusilamientos sin juicio se sucedieron durante los primeros días de ocupación de poblaciones que habían permanecido fieles a la República y, en muchos casos, los asesinados fueron enterrados en zonas de las que no se tienen noticias o que han sido destruidas durante los años de desarrollismo franquista. Solo en la comarca de Málaga capital, según un informe del cónsul británico al Foreing Oficce, se calcula que fueron fusiladas 3.500 personas en la playa, el río, la zona de huertas o barrancos de los barrios periféricos. Hoy en día la mayor parte de esas zonas están ocupadas por urbanizaciones o polígonos industriales.
También es necesario investigar sucesos como, y vuelvo al caso de Málaga, el de la huida por la carretera de Almería, por la que trataron de escapar decenas de miles de malagueños y refugiados en la ciudad en vísperas de la llegada de los sublevados que, según el propio general Queipo de Llano, estaba arrasando los pueblos por los que avanzaba. Según los testimonios de supervivientes, unas 5000 personas pudieron perder la vida en los bombardeos que sometió la Marina y la Aviación a la población civil que huía despavorida.
Y más sombras, gracias a las exhumaciones hemos conocido el destino de muchos niños que fallecieron en prisión, pero ¿qué fue de todos aquellos que sobrevivieron?
En las fosas del cementerio de San Rafael de Málaga se han recuperado ya los restos de más de 2000 fusilados y la Asociación ha logrado documentar el fusilamiento de más de 4.000 personas; pero, y vuelvo a las fuentes históricas, tanto Anthony Beevor como Hartmut Heine citan en obras recientes [1] el mencionado informe del cónsul británico en el que se asegura, que “desde el 15 de febrero de 1937 hasta el 25 de agosto de 1944, otras 16.952 personas fueron condenadas a muerte y fusiladas en Málaga”. Un número al que habría que sumar los fusilamientos extrajudiciales, los muertos en prisión y los que fueron abatidos en la carretera de Almería. Si los escritos de los generales que llevaron adelante el golpe en los que planificaban la represión no son suficientes para considerarla como genocidio, el volumen de la misma (podríamos estar hablando de casi 25.000 personas en una sola provincia y puede que no sea la peor) deja en evidencia el carácter de la matanza.

Antonio Somoza

[1] Heine, Hartmut y Azuaga, José María: La oposición al Franquismo en Andalucía Oriental.Fundación Salvador Seguí Ediciones, Madrid 2005
Beevor,, Antony: La Guerra Civil Española, Editorial Crítica. Barcelona 2005